"Dos temas de educación que no entiendo"

En La Tribuna de El Diario de Sevilla hemos leído la carta de un padre que expone las dudas que le producen las nuevas polícticas de concesión de becas y de elección de centro.

Dos temas de educación que no entiendo

SON las becas y la libertad de elección de centro. Empiezo por la primera. Dice el ministro de Educación que la concesión de becas tiene que estar más ligada a la excelencia, esto es, a la obtención de mejores notas. Ha venido a decir que un alumno o alumna que sólo aprobara no merece obtener una beca. Tiene que esforzarse más para así recibir el premio. Cuando yo era niño o joven había una exigencia mínima para obtener una beca: la nota media nunca podía ser inferior a siete. Luego te podrían dar la beca o no, pero si no sacabas esa nota el asunto ni se consideraba. Tal vez se quiera volver a eso.

¿Qué es lo que no entiendo de lo que ha dicho el ministro? No entiendo que se le niegue la beca a un joven que sólo obtenga aprobados, y se permita que estudie, incluso suspendiendo, a aquel que tiene medios económicos suficientes. Me parece una tremenda injusticia. Resulta que el alumno que se matricula en la universidad paga una cantidad mínima del coste efectivo de la enseñanza, que se estima entre el diez y el quince por ciento. El resto (85% o 90%) va con cargo a los presupuestos públicos.

Estos fondos se obtienen a través de los impuestos, que son pagados mayoritariamente por los sujetos que más abundan: clases medias y bajas y, sobre todo, asalariados. Pues bien: lo que es pagado por todos sólo pueden disfrutarlo y usarlo con cierta morosidad en los rendimientos y en los tiempos quienes tienen dinero, y a aquéllos que no tienen posibilidades se les prohíbe el acceso salvo que sean unas lumbreras.

¿Por qué entre todos debemos pagarle la carrera al rico que suspenda, y no al pobre que sólo apruebe?
La otra cuestión es el derecho a la libertad de elección de centro escolar por parte de los padres. Dicen que se va a legislar en el sentido de que se pueda ejercer este derecho de una forma más efectiva. Y aquí viene mi falta de entendimiento. Hasta ahora pensaba que cada padre elegía para su hijo el centro que le parecía bien. A nadie se le impide solicitar el centro que quiera y a nadie se le impide el acceso a ese centro si tiene plazas libres. La cuestión, por tanto, no es la libertad de elección. No hay límites a esa libertad. Si hay plazas libres, el colegio se puede solicitar, se viva en el barrio, en la otra punta de la ciudad o en el pueblo de al lado. El problema surge cuando los alumnos que quieren ir a un determinado centro son más que las plazas existentes. La cuestión no estriba en la libre elección, pues libremente todos los padres han elegido ese colegio libérrimamente, sino en qué criterios se aplican para determinar qué niños se quedan dentro y qué otros tienen que salir.

En la actualidad tienen preferencia los alumnos que tienen ya algún hermano en el centro, viven cerca o tienen escasos ingresos económicos, respecto a los que no tengan hermanos, vivan más lejos o posean más medios. No parecen cosas disparatadas. Por supuesto tales criterios se pueden mejorar e incluso variar. Pero la cuestión no será la libertad de elección, sino con qué bases establecemos quiénes se quedan y quiénes se marchan de entre todos los que, repito, en uso de su derecho a elegir centro, han ido a querer precisamente ese y no otro. Esta es la cuestión central. Cuando llegamos a este punto únicamente se pueden plantear dos alternativas. O bien es el poder político el que establece estos criterios, dejando el asunto fuera de los centros y de los interesados, o bien se desregula y se deja a cada uno para que se las apañe como pueda. Lo vía primera es la más sensata: es predecible, conocida por todos, objetiva, reclamable ante la Administración y recurrible ante los tribunales, etc.

La segunda vía nos lleva a un callejón sin salida y a situaciones poco justificables. No tendría sentido que un centro admitiera a todos los alumnos que lo solicitaran y, a posteriori y en función del número de peticionarios, adjudicarle los medios precisos para poderlos atender. Ello implicaría dejar otros colegios semivacíos, y con sus medios y su personal infrautilizados. En la actual situación económica y con la actual política de contención del gasto sería impensable. La segunda situación sería algo así como las colas de los espectáculos. La plaza se la lleva el que primero llega. Es algo neutro y muy liberal, pero no arregla nada. ¿Y si llegan todos a la vez? La tercera sería dejar que fuera el propio centro el que seleccionara a sus alumnos. Pero entonces el derecho de elección de los padres pasaría a convertirse en el derecho de elección de alumnos por parte de los colegios. Salvando todas las distancias, se seguiría el criterio de las salas con caché o las discotecas de cierto nivel. La última sería real, pero no contemplada legalmente: se quedan en el colegio los niños que pueden pagar las cuotas más o menos disimuladas que se establecen al margen de lo permitido. Esto último sería lo más aberrante, pues sonaría a un modelo inspirado en la mordida mexicana.

Jaime Martínez Montero