La concepción de la educación pública según Xavier Gisbert

SI NO ME RESIGNO, ES PORQUE NO PUEDO.

Xavier Gisbert es el nuevo director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ha explicado en la publicación digital Magisnet sus opiniones sobre la escuela pública y el negocio de la educación.

Nuevo, posiblemente, para docentes y familias de otros territorios, los docentes madrileños descubrimos en la entrevista al Gisbert de siempre, al que ya conocemos, al que se cargó la formación del profesorado, al que asumió con Figar la responsabilidad de Calidad Educativa a pesar de creer firmemente que la calidad no es cosa de los servicios públicos.

A la entrevista se accede bajo clave, por eso no lo reproducimos completa, sino citando la fuente (Magisnet.com) y entrecomillando las palabras de Gisbert (aunque por los correos electrónicos se está moviendo ya).

La entrevista empieza con una pregunta que bien podría haberse hecho el propio Gibsbert a sí mismo, por lo cercano que queda de su pensamiento: “En el sector educativo creo que falla la base del “negocio”, que es la atención al cliente. En la escuela no parece que haya esa orientación al usuario. El mundo de la escuela pública está muy cerrado sobre sí mismo, no hay necesidad de satisfacer al usuario. ¿No cree?”

Con ese inicio no podía salir nada bueno. Si es que alguien lo esperaba. Y Gisbert explica por qué la escuela pública falla en la base del “negocio”:

“Porque la LOE lo impide y porque no hay ningún control interno ni externo. No se sabe lo que ocurre hasta que el alumno termina y se va”

Es decir, que “los padres meten a sus hijos cuando son pequeños y los recogen cuando terminan, pero en ningún momento tienen certeza de si están aprendiendo lo que tienen que aprender, ni si el profesor está enseñando lo que tiene que enseñar”.

Entrevistador y entrevistado, repasan las diferentes formas de privatizar un servicio público educativo: Titularidad pública y gestión privada (como en las escuelas infantiles), centros de titularidad privada pero gestionados con fondos públicos (como nuestros conciertos), gestión privada de los servicios en los centros públicos (como se hace con el comedor, o con la limpieza). No se dejan nada. Y lejos de pensar en revertir estos modelos de privatización, los convierten en ejemplos a seguir. Además señalan una “tercera vía” (contando, a mí me sale la cuarta, pero como no soy de matemáticas, no me voy a meter). El personal de los servicios públicos sería contratado a través de una empresa, con lo que ese personal no sería funcionario. A la pregunta de las ventajas que tendría esto sobre los centros concertados, Gisbert responde: “De lo que se trata es de optimizar los centros públicos. En general, cuentan con más recursos, suponen un coste superior y sin embargo, aparentemente, la media indica que los centros concertados obtienen mejores resultados académicos. Esto significa que hay margen de maniobra para introducir novedades y mejorar los resultados.” (Traducido al castellano en plata: Ni sí, ni no, pero sería muy bueno).

Más adelante nos dice a qué personal se podría contratar de forma privada. Al llegar a este punto me acordé de los irlandeses contratados (¿quién sabe cómo?) y que están asumiendo labores docentes. Me acordé de aquella idea de “Empieza por Educar” de incorporar a “sus” profes a los centros públicos (para compensar los recortes, se entiende). O en el profesorado de inglés, que Esperanza Aguirre piensa reclutar por el mundo. Pero no. En principio, no.

Dice Gisbert: “En principio no hay por qué poner en cuestión ni la titularidad ni el profesorado. Puede seguir siendo público con funcionarios, pero lo que está claro es que para poder dar pasos en ese sentido hay que conseguir directores libres, con autonomía, que sean capaces de introducir los cambios necesarios para mejorar, y tienen que tener cierta capacidad para gestionar al profesorado. Hay un elemento fundamental para que el sistema funcione, que es la transparencia. Para poder asegurar ese resultado tiene que haber una evaluación externa que asegure que el sistema funciona correctamente, y que pueda incidir donde se vea que es necesario, porque ahora es muy complicado. En Inglaterra, cuando un centro no funciona, se cierra y se abre otro, aquí en España ese control de evaluación no existe”.

Ya lo venía yo sospechando desde el principio de la entrevista. ¿Qué sabe un profesor de griego de “marketing y de números”? ¿Cómo puede estar en un equipo directivo un año una profesora de inglés y al siguiente una de Educación Física? ¿Nos podemos fiar de alguien sin “formación técnica empresarial” que solo sabe de pedagogía?

Gisbert defiende que los directores/as y administradores (en vez de secretarios/as) sean profesionales y autónomos. “El director tiene unas competencias muy limitadas, está sometido a un Consejo Escolar que, a su vez, es un órgano de gestión. Por lo tanto, en la estructura que establece la LOE, el director es uno más dentro de un mecanismo, de un engranaje. El sistema de selección también es un paso atrás en cuanto a calidad, y el director está condicionado por quienes le apoyan. No se le debe nombrar como un favor, sino porque es la persona adecuada”. Algo queda claro, cuando el PP habla de autonomía de los centros, habla de autonomía de sus gestores. Y esa autonomía es incompatible con la democracia: las decisiones de los claustros y de los consejos escolares (que representan a la comunidad educativa) son, para el modelo de la autonomía, un lastre.

Y para ser autónomos y actuar con libertad, esos gestores tienen que poder tomar decisiones, por ejemplo, en la contratación del profesorado. Lo que en principio no se planteaba, una vez dados los pasos en esa dirección ya sí se plantea: “Hay que ir dando pasos. En una primera fase, el director debería tener capacidad para seleccionar al profesorado complementario necesario para el centro. El que no es titular de una plaza. Evidentemente, no se puede poner en cuestión la titularidad salvo que haya que amortizar alguna plaza. Por ahora, ese tema habría que dejarlo. El director podría tener la capacidad de mantener en el centro a profesores interinos que funcionan bien, o de decidir no mantener aquellos que no funcionan”.

Es decir, que el concepto de autonomía no solo es lo contrario de democracia sino que además es incompatible con los derechos laborales y con los principios de igualdad, capacidad y mérito con los que se ordena el empleo público, porque, al parecer, ese sistema garantista selecciona a los menos capaces y con menos méritos. Miedo me dan cuando hablan de autonomía, de libertad, de profesionalización, de transparencia, de evaluación,…

Y lo del por ahora, (por ahora no se puede prescindir de los funcionarios) lo subrayo también porque luego, cuando el entrevistador dice que “el destino definitivo también se podría revisar porque es un problema que exista un sistema tan rígido”, Gisbert, de nuevo ni sí ni no, nos explica como en EEUU todo esto es más sencillo ya que no existen funcionarios. Quizá si el entrevistador conociese a alguno de los cientos de profesores que este año han perdido su destino “definitivo” o alguien le informase de los años que cuesta un destino definitivo en casi todas las materias, no le parecería tan rígido. Pero no se da por satisfecho/a y más adelante volverá a preguntar: “Volviendo a la contratación de profesores, ¿existe actualmente esa posibilidad?”

Y Gisbert, que se hacía de rogar, contesta para su tranquilidad (la tranquilidad del entrevistador, aclaro): “Sí, hay colegios y AMPA que subcontratan monitores de refuerzo”. (Compañeros/as de educación física, id echando el currículum en una empresa de ocio y tiempo libre o en el club deportivo del barrio. Yo soy de FP y voy a echarlo en una cámara de comercio).

Y luego continúa.: “Pero es un tema difícil de entender. La defensa a ultranza de una escuela pública está sin definir. La escuela pública lo que tiene que hacer es formar lo mejor posible a los jóvenes y prepararlos para su vida laboral de la mejor manera. Los procesos que se sigan deberían ser secundarios. Si son negativos habría que excluirlos, pero si son positivos, ¿por qué no contar con ellos? A mí siempre me ha llamado la atención la obsesión por la defensa a ultranza de una escuela pública que nadie conoce; y ese rechazo a lo que suena a beneficio y a lucro”.

La entrevista no tiene desperdicio y esperamos poder reproducirla completa en el blog. Pero mientras eso llega, vamos a contaros lo que hemos aprendido al leerla: los que preferimos las escuelas infantiles de gestión directa a las privatizaciones no es porque sepamos que las condiciones de trabajo en esas escuelas infantiles sean notablemente inferiores, o porque las escuelas públicas ofrezcan más garantías de selección de personal, ratios, recursos,… Ni porque hayamos padecido que las familias madrileñas en las escuelas que han caído bajo gestión de grandes empresas deban aportar hasta los sonajeros para sus hijos e hijas. 

Eso, al parecer, es una falsedad. Los que pensamos que solo la escuela pública escolariza a todos los niños 

y niñas y consigue éxito escolar en los alumnos que son rechazados por centros privados y concertados, somos víctimas de algún engaño. Quienes creemos que la limpieza, el comedor y todos los servicios complementario se gestionarían más eficazmente desde una titularidad y gestión públicos, evitando problemas como que en centros educativos de todo Madrid haya ahora mismo trabajando limpiadores/as que no cobran su salario y muchos centros estén sufriendo huelgas de limpieza, vemos espejismos. Según Gisbert sufrimos un problema “cultural e ideológico”. Gisbert no entiende por qué “en ciertas cosas se permite y en otras, se ponen objeciones. Por qué en el comedor una empresa puede lucrarse, y si un profesor organiza una excursión una empresa de autobuses se lucra, y por qué cuando el suelo es cedido por un ayuntamiento, o cuando se quiere dar un paso más, parece que hay una línea roja que no se sabe por qué ni para qué se ha establecido”.

O sea, que si compro el pan en la tienda de la esquina, me tomo un café en el bar de enfrente, compro el periódico y voy a la peluquería, y pago en todos los establecimientos y éstos se “lucran” de ello, debería permitir también que la parcela de mi barrio, destinada a un colegio o a un servicio público, y que es “propiedad municipal”, de todos los vecinos, se regale a un constructor, a una secta religiosa, o al primo de un concejal. No sé cómo he podido estar tan confundida. Pero es más, si la Consejería me paga un salario (1.841 euros el mes que no hago huelga) debería parecerme bien que una empresa privada (si es posible algún constructor, que ahora lo están pasando muy mal) gestione el trabajo de los docentes y mi nómina, cobrando con una mano y soltando con la otra (eso sí, soltando algo menos de lo que coge). Nunca he caído en la incoherencia que supone permitir la prosperidad de mi peluquera cediendo algo de mi salario cuando me hace las mechas y poner reparos al beneficio de otros emprendedores al negarme a que se privaticen los servicios públicos. Con lo bonito que sería permitirles de buen rollo que nos sisen a todos: trabajadores/as, contribuyentes y usuarios/as de lo público.

Solo desde ese razonamiento se pueden entender los argumentos de Gisbert, que se dice defensor de la escuela pública, pero no de ésta porque “una cosa es que la titularidad sea pública y otra que los procedimientos que se sigan sean variados. Es decir, si estamos a favor de la libertad es difícil cerrar puertas a cualquier iniciativa, venga de donde venga. Si el objetivo es coartar la libertad… Llevamos 20 años con un sistema educativo que produce de manera tozuda malos resultados, y sin embargo tenemos mejores recursos. Algo hay que hacer”.

Solo desde ese concepto de “libertad” (de la libertad de los poderosos, de la humillación de los débiles) se pueden entender sus palabras sobre la marea verde: “Siguen un modelo de igualitarismo para todos, que es el de una escuela que no busca la excelencia, cuando en realidad la escuela tiene que sacar lo mejor de cada uno. No todos somos iguales, ni todos los alumnos son iguales”.

Y más adelante continúa con el diagnóstico de nuestro problema: “A mí lo que me cuesta mucho trabajo entender es que alguien defienda una escuela pública que es mala, y la siga defendiendo. Defienden un modelo malo y no por razones educativas, porque cuando es malo hay que mejorarlo, y llevamos 20 años con un modelo que ha fracasado, y hay gente que lo sigue defendiendo. Entonces ¿cuál es el objetivo? Es algo ideológico, algo más visceral”.

Si alguien pensaba que la movilización por los servicios públicos estaba terminando, que lea y se entere. No paramos porque si paramos nos espera el desastre. No nos resignamos, porque no podemos ni queremos.

La Comisión de Acciones e Información. Asamblea Regional 

Si quieres leer la entrevista completa, accede a la publicación de FEDADI, Magisnet